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Socías impugnará el
convenio colectivo de Cort si no anula 13 acuerdos
que considera ilegales
El delegado del Gobierno en Balears,
Ramón Socías, impugnará judicialmente el convenio
colectivo de los funcionarios municipales del Ayuntamiento de Palma si Cort no anula trece puntos del acuerdo que considera
"ilegales".
En este sentido, la alcaldesa quiso dar ayer un
mensaje de tranquilidad al colectivo de 2.200 funcionarios afectados
-incluyendo policías y bomberos- afirmando que se "trata de un acuerdo
justo y ajustado a la legalidad, por el cual estoy dispuesta a luchar hasta el
último momento". En relación al requerimiento de la delegación
del Gobierno, Cirer explicó que se trata de una
cuestión que entra "en la normalidad" de las actuaciones de la
administración del Estado, puesto que entre sus cometidos se encuentra la de
fiscalizar los acuerdos adoptados por los ayuntamientos. En este sentido recordó que, siendo delegada del
Gobierno, requirió a numerosos ayuntamientos. Incluso en una ocasión al de
Palma, en un procedimiento en el que al final el juez dio la razón al
Consistorio. Insistió en que el requerimiento de Socías "no paraliza nada", porque para ello se
necesitaría una resolución judicial. Socías, por su
parte, calificó el acuerdo firmado el 25 de mayo pasado por la alcaldesa y los
representantes de tres sindicatos de los seis con representación en Cort -UGT, STEI-i y USO- como un "edificio sin
cimientos", del que responsabilizó al equipo de gobierno municipal. A su juicio, esta situación se ha producido
"o bien por una falta de conocimientos sobre la materia o como una salida
hacia delante en un momento de dificultades, para después poder culpar a otros
de la paralización del acuerdo". Aseguró que el informe de la delegación
"está muy bien documentado" y, si no se suspenden los artículos que
consideran ilegales, "nuestros servicios jurídicos deberán presentar una
impugnación judicial". A juicio de Socías, el
Ayuntamiento no debería permitir esta situación y debería adaptar el acuerdo
"a la normativa básica estatal y autonómica y garantizar el principio de
igualdad jurídica" que, por otra parte, "no es más que lo que exige
el PP a nivel estatal". Asimismo recordó que siendo la alcaldesa
delegada impugnó el convenio del ayuntamiento de Santanyí.
Tras una resolución judicial en contra, sus funcionarios se han visto obligados
a devolver las cantidades percibidas durante más de dos años. Ente los puntos que la delegación del Gobierno
considera ilegales se incluye la reducción de la
jornada de trabajo para el personal de oficinas a 35 horas semanales, la
gratificación complementaria extraordinaria a percibir en septiembre, la
indemnización por residencia y las gratificaciones e indemnizaciones por
jubilación. También considera que no se ajusta a la legalidad el mantenimiento
de seguros por distintos riesgos, las ayudas por enfermedad, las
gratificaciones por jubilación y la extensión del complemento de productividad
previsto para los policías locales al resto de colectivos municipales. Los sindicatos CCOO y SPPME, quienes, junto con
el CSIF no firmaron el convenio, solicitaron ayer la dimisión de la alcaldesa y
del teniente de alcalde Pedro Álvarez, además de los ceses del director de
Personal, Juan Carlos Sastre y de la jefa del servicio de Recursos Humanos,
Francisca Matas. |
Desde el Ayuntamiento no se tiene la misma opinión. Tanto la alcaldesa,
Catalina