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Sábado, 17 de septiembre de 2005
VARAPALO AL CONVENIO
/ Socías: «Cort
sabía que la subida de sueldo de sus funcionarios era ilegal» El delegado del Gobierno en las Islas recuerda a Cirer que «varios sindicatos le advirtieron de que iba a
incumplir la ley» / Socías ha prohibido a la
alcaldesa aplicar a sus 2.200 empleados las mejoras firmadas ESTEBAN URREIZTIETA PALMA.-
«Es inexplicable y políticamente incomprensible que el Ayuntamiento de Palma
haya firmado el convenio que ha firmado», asegura el delegado del Gobierno en
Baleares, Ramon Socías. «Y
una vez que lo ha hecho sólo se puede explicar debido a su prepotencia o a un
desconocimiento absoluto de la legislación vigente». Así
de contundente se expresa el alto cargo socialista después de que EL MUNDO/El
Día de Baleares revelara el pasado jueves el informe que la Delegación del
Gobierno remitió el 27 de julio a Catalina Cirer
comunicando que la subida de sueldo que ha firmado con sus funcionarios es
ilegal y, por lo tanto, debe anularla de inmediato. Para
ello, le concedía un plazo de un mes que ya ha expirado sin que Cort haya variado absolutamente nada. Este es el último
capítulo de un acuerdo de funcionarios que comenzó a negociarse en octubre de
2003 y que no se ha rubricado de manera definitiva hasta el pasado mes de mayo.
Todo ello después de innumerables reuniones, manifestaciones y promesas de todo
tipo. En
el momento de la firma, el equipo de gobierno municipal se jactó de haber
logrado «el mejor convenio de la historia de esta casa». Se acordada la
equiparación del sueldo de los funcionarios con los de Canarias; la reducción
de la jornada laboral a 35 horas semanales; una paga extra en el mes de
septiembre; un aumento de sueldo a aquellos trabajadores que llevaran más de
ocho años en el Consistorio; prejubilaciones; el abono de los servicios
extraordinarios; y así, hasta trece apartados estrella. En total, las
mejoras constituían un incremento salarial global de cinco millones de euros. Varios
sindicatos, entre ellos CCOO y el sindicato de la Policía Local (SPPME)
advirtieron hasta la saciedad que las subidas y prebendas acordadas no se
ajustan a la normativa vigente. Sin embargo, el staff jurídico del
Consistorio dio su visto bueno y bendició legalmente
todos y cada uno de los acuerdos. Desde el secretario del Ayuntamiento de
Palma, Agustín Fernando Estela Ripoll, que siempre
dice que «el derecho ha sido su guía», hasta el responsable de Recursos
Humanos, Juan Carlos Sastre, pasando por todos los políticos que han
intervenido. Ninguno
reparó o quiso reparar en que la legislación dice, al menos en trece apartados,
lo contrario que han dado por bueno. «El fallo está claro que es de los
servicios jurídicos de Cort», subraya Ramon Socías. «Existe una
jurisprudencia a nivel nacional y la debían haber consultado porque la tienen a
su disposición», añade. «Exactamente igual que ha hecho el abogado de la
Delegación del Gobierno para concluir que lo que han rubricado es totalmente
contrario al ordenamiento jurídico». La advertencia sindical Asimismo,
recuerda el delegado que cuando el equipo de gobierno de Catalina Cirer firmó el convenio «ya había sido avisado por varios
sindicatos de que era ilegal y, sin embargo, no hizo caso». Por
este motivo, pide Socías que no se «cargue sobre los
hombros de la Delegación del Gobierno el mochuelo», ya que él se ha
limitado a «comprobar la legalidad de lo firmado, exactamente igual que hubiera
hecho Catalina Cirer en mi lugar». Y precisa Socías que «a ella no hay que explicarle lo que ha ocurrido
porque ha sido delegada del Gobierno». Entre
los artículos rechazados por el socialista destaca por encima del resto el
referido a la equiparación de los sueldos de los funcionarios de Cort con los canarios. El apartado número 3 del artículo 75
del acuerdo de funcionarios dispone que «a partir del uno de enero de 2005, la
indemnización por residencia será la determinada en el acuerdo suscrito». Y
añade que «en caso de no conseguir la igualdad con el plus de residencia de los
funcionarios de las Islas Canarias... el Ayuntamiento aportará hasta un máximo
de 300.000 euros para paliar la diferencia». Según
el informe jurídico que le ha remitido la Delegación del Gobierno al
Ayuntamiento de Palma, «lo previsto en este apartado se anticipa a la futura
aprobación y publicación de un acuerdo del que se desconoce su ámbito de
aplicación». Pero «no sólo eso», sino que «considerando unas posibles
cantidades se acuerda la fijación de las cuantías tomando como referencia
determinadas indemnizaciones». De esta manera, «lo dispuesto en el artículo
referido infringe el artículo 23 de la Ley 30/84, así como el artículo 153 del
Texto Refundido 781/86». Este es sólo el ejemplo «ilegal» más representativo.
Pero hay 12 más. «Que Socías no se
ponga nervioso porque todo está bien hecho» «Ramon Socias lo que
tiene que hacer es estar tranquilo porque todo se ha hecho dentro del marco de
la legalidad», asegura el edil de Hacienda Pedro Álvarez. «Los técnicos del
Ayuntamiento de Palma han actuado correctamente, son unos auténticos
profesionales y se han ajustado a la normativa», añade en referencia a la
legalidad del convenio de funcionarios que acaba de ser impugnado por la
Delegación del Gobierno. Álvarez avanza que el Consistorio va a recurrir la
decisión de la Delegación del Gobierno y que «no sería la primera vez que un
Juzgado de lo Contencioso le quitara la razón». Y es que, el edil recuerda que
en 1997 fue Catalina Cirer precisamente como delegada
la que se opuso a una serie de artículos del acuerdo que firmó en aquel momento
Joan Fageda. Y apunta que poco después un magistrado
acabó dándole la razón al ex alcalde de Palma. El regidor reitera que «el
acuerdo de funcionarios que se ha firmado es el mejor de cuantos se han logrado
en la historia del Ayuntamiento» y explica que es el primero que se enmarca
dentro de «un proceso de modernidad e innovación que llevará a que los
ciudadanos se vean beneficiados por un mejor servicio». ELMUNDO OPINA A la alcaldesa de Palma, Catalina Cirer, se le acumulan los problemas. A la pérdida de una
valiosa pieza de su equipo de gobierno, Rosa Arregui,
hay que sumar que, tras haber tenido que prescindir de otra concejal, Maite
Jiménez, a la que se le había perdido la confianza al haber ocultado un turbio
episodio de espionaje en la Policía Municipal, se vio forzada a remodelar su
equipo, lo cual a la mitad de su mandato conllevará ahora, es evidente, también
serias dificultades de gobernación en Cort. Y todo
esto sucede, siendo la alcaldesa una de las más importantes bazas electorales del
Partido Popular, aparentemente ante la más absoluta desasistencia de la cúpula
de una formación como la suya que siempre ha menospreciado la importancia de
Palma en relación a otros bastiones de mucha menor entidad, y que no acaba de
valorar que hacer las cosas bien en Palma es el mejor ejemplo que puede dar el
partido a la ciudadanía. Cuando la alcaldesa creía que había superado los
problemas de personal que se han dado, y con virulencia, en Cort,
ha visto ahora como el convenio trabajosamente aprobado es ilegal en 13
cláusulas, y casi con toda seguridad tendrán que volverse atrás con las
indeseables consecuencias que son fácilmente imaginables. Algo, en suma,
incomprensible pero que es un claro ejemplo de que la alcaldesa esta demasiado
sola para afrontar problemas de esta envergadura y que afectan, como este, a
2.200 funcionarios. Fuente/// http://www.elmundo-eldia.com/2005/09/17/illes_balears/1126908000.html |