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Lunes, 19 de
septiembre de 2005
VARAPALO AL
CONVENIO Los
trabajadores cobran la subida salarial desde junio - El concejal de Hacienda
asegura que el juez ratificará la validez del acuerdo con los sindicatos ESTEBAN
URREIZTIETA PALMA.- «¿Y si la
Delegación del Gobierno tiene razón, qué tenemos que hacer con el dinero?».
Esta es la pregunta que recorre durante los últimos días la cabeza de todos y
cada uno de los 2.200 funcionarios del Ayuntamiento de Palma. Un informe de Ramon Socías concluye que el
convenio que ha firmado la alcaldesa Catalina Cirer
con sus trabajadores es ilegal. Concretamente lo que respecta a la subida de
sueldo que ha acordado con sus empleados. Por lo tanto, y de tener razón el delegado, los
600.000 euros que ya ha ingresado Cort a sus
trabajadores durante los dos últimos meses deberían ser devueltos a las arcas
municipales. Así ocurrió, por ejemplo, hace varios años en el Ayuntamiento de Santanyi. Y así temen los funcionarios que pueda ocurrir a corto o medio plazo en el Consistorio
palmesano. El socialista Ramon Socías asegura que la equiparación de los funcionarios de Cort con los de Canarias; el aumento de sueldo a los
trabajadores municipales que tienen más de ocho años de antigüedad; las
prejubilaciones; la paga extra de septiembre; los seguros; o el abono de los
servicios extraordinarios, «infringen el ordenamiento jurídico». Y, en este
sentido, ordenó el pasado 27 de julio a Catalina Cirer
que anulara hasta un total de trece apartados del acuerdo que rubricó con sus
trabajadores el pasado mes de mayo y que aprobó el Pleno en junio. La «prórroga ilegal» El Ayuntamiento de Palma recibió la carta de la
Delegación del Gobierno el 27 de julio. En ella, el delegado del Gobierno daba
un mes de plazo a Cort para que cumpliera sus
órdenes. Sin embargo, el Consistorio optó por dar hilo a la cometa.
Pidió a Ramon Socías una
prórroga de un mes, ya que «el mes de agosto es inhábil» y se reafirmó en todo
lo suscrito. El delegado ha contestado que no cabe otra opción que cumpir la ley y que ésta no contempla la posibilidad de
ninguna prórroga. «Y menos en agosto, que no es inhábil en el Ayuntamiento de
Palma», subraya Ramon Socías. La revelación de estos hechos por parte de EL
MUNDO/El Día de Baleares ha revolucionado a los trabajadores de Cort, que el pasado viernes a través de dos sindicatos,
CCOO y SPPME, exigieron la dimisión de Catalina Cirer
y del regidor de Hacienda, Pedro Alvarez. Pero
También de los responsables de Recursos Humanos del Consistorio: Juan Carlos
Sastre y Francisca Matas. Ante esta situación, el Ayuntamiento de Palma
envía un mensaje de tranquilidad a sus trabajadores. Insiste en que todo lo
acordado se encuentra dentro del marco legal establecido y promete a sus más de
dos mil empleados que sus mejoras salariales no corren ningún peligro. Uno de
los sindicatos que más se ha opuesto al convenio firmado, CCOO, sugiere que
«los funcionarios se compren un hucha para ir guardando los aumentos por si hay
que devolverlos». El portavoz de esta central sindical en el Ayuntamiento de
Palma, Pedro Castro, considera que a raíz del informe de la Delegación del
Gobierno «sólo existen dos posibilidades». O bien que los trabajadores «no se
gasten los aumentos por lo que pudiera pasar» o que el Consistorio «paralice»
la subida de sueldo para que, en el caso de que un juez le dé la razón a Socías, la cantidad a devolver no sea mayor. Qué hay que hacer Castro también considera «negligente» e
«imperdonable» que los responsables políticos y técnicos que han intervenido en
la firma del convenio se marcharan el mes de agosto de vacaciones «teniendo el
informe de la Delegación del Gobierno encima de la mesa». Según este líder sindical, la de la Cort «no es una postura responsable, máxime teniendo en
cuenta las consecuencias que puede tener para el bolsillo de los funcionarios
la decisión de la Delegación del Gobierno de impugnar el convenio». «Queremos
que los funcionarios ganen más y llevamos luchando dos años para conseguirlo,
pero que se hagan las cosas bien, porque si no, el remedio puede ser peor que
la enfermedad, como puede ocurrir en este caso», añade. Por su parte, la
Delegación del Gobierno ya ha anunciado su intención de poner las trece claúsulas del convenio que considera ilegales en manos del
abogado del Estado para que las denuncie ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo. Nos encontraríamos, por lo tanto, ante un proceso que podría
durar años. Y mientras dure, y tal y como ha reconocido Cort,
los funcionarios seguirán cobrando lo acordado. Mes a mes. La equiparación con
Canarias, los octanos, las prejubilaciones, los seguros, y el resto de
demás prebendas. Eso, mientras los responsables políticos cruzan los dedos para
que el juez les dé la razón. De no hacerlo, las consecuencias podrían ser
imprevisibles. Alvarez:
«Nadie va a tener que devolver nada» «Los funcionarios pueden estar bien tranquilos porque su dinero no
corre ningún peligro», asegura Pedro Alvarez. El regidor de Hacienda
está plenamente convencido de que el convenio que ha suscrito con los
funcionarios no sólo «es totalmente legal» sino que se puede considerar como
«el mejor de la historia del Ayuntamiento de Palma». Alvarez
recuerda que «es el primer convenio que se negocia íntegramente; que incluye
una Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que hasta ahora Cort
no tenía; y en el que también por primera vez se pone en marcha un proceso de
calidad y modernización de los recursos del Ayuntamiento». El concejal de
Hacienda, que está convencido de la «profesionalidad» del staff jurídico
del Consistorio, también lo está de que un juez
acabará dando la razón al Ayuntamiento y dejando en papel mojado el
informe de Socías. Por último, Alvarez envía un recado a los sindicatos no firmantes (CCOO
y SPPME): «Que no digan que lo que se ha firmado es ilegal porque lo que ellos
propusieron era exactamente lo mismo pero multiplicado por veinte». EL MUNDO OPINA El Ayuntamiento de Palma debe suspender
inmediatamente el convenio con sus funcionarios por las razonables dudas sobre
su legalidad, suspensión que, al menos con carácter cautelar, debería ordenar
el juez cuanto antes mejor y en evitación de situaciones traumáticas de
incalculable alcance. En estos momentos no se trata ya de especular sobre si el
convenio es legal o si no lo es, sino si hay indicios de que pudiera ser ilegal
y, en consecuencia, tomar las medidas pertinentes para evitar un desastre
seguro. Y ahí deben asumir responsablemente la situación tanto los funcionarios
como el Ayuntamiento. Tal vez una fórmula adecuada sería el depósito de las cantidades
convenidas en una cuenta especial a la espera de la sentencia judicial que,
previsiblemente, tardará en llegar. De esta forma quedarían salvaguardados los
intereses de los funcionarios en el caso de que el convenio fuera legalmente
impecable y, en el caso de que no fuera así, se evitaría el trauma de las
devoluciones obligadas que, al final del largo itinerario procesal, alcanzarían
cifras astronómicas. Y, desde luego, si el que se ha columpiado ha sido el
delegado del Gobierno, entonces las responsabilidades deberían caer con todo su
peso sobre quién hubiera dado muestras de tamaña irresponsabilidad. Fuente/// http://www.elmundo-eldia.com/2005/09/19/palma/1127080800.html |